Cada vez hay menos “cuellos de botella” en la realización de trámites ante el Gobierno Municipal, pues para facilitarle las cosas a la ciudadanía, ahora existe el Expediente Único para Trámites Notariales en el catálogo de facilidades administrativas del Ayuntamiento de Puebla, donde se fusionan tres diligencias en un sólo lugar para reducir tiempos de gestión.

Ahora, solicitar las Constancias de Alineamiento y Número Oficial, el Uso de Suelo y la Construcción Preexistente dejará de ser engorroso, pues tal y como lo anunció Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal, se pasa de tener 20 interacciones forzosas a sólo seis en el Centro de Atención Municipal (CAM), así como de un periodo de respuesta de 20 días hábiles a tan sólo siete, y a reducir los requisitos en un 50 por ciento, pasando de 47 a 23.

“El mejor Gobierno es el que no le quita tiempo a las poblanas y los poblanos para hacer sus trámites, para hacer inversiones”, destacó el alcalde sobre esta medida que se impulsa gracias al trabajo coordinado con el Colegio de Notarios, donde su Presidente Humberto Jiménez Jiménez reconoció la gran sensibilidad de diseño que tiene para hacer más eficiente el acceso a esta documentación.

Ejemplo de ellos es que actualmente la ciudadanía se tarda cerca de dos meses para realizar un traslado de dominio, pero con el nuevo Expediente lo podrán hacer en menos de 10 días, acto que para Susana Riestra Piña, Regidora Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Gestión y Medio Ambiente, es reflejo de un proyecto de Mejora Regulatoria que apuesta por disminuir la brecha administrativa de tiempos, atención y calidad para toda la ciudadanía, pero en especial de los gremios que hacen posible la reactivación económica.

Es por ello que en la presentación de Expediente Único para Trámites Notariales se contó con la presencia de Héctor Sánchez Morales, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así como de José Felipe Velázquez Gutiérrez, Secretario de Gestión y Desarrollo Urbano; Guadalupe Arrubarrena García, Síndica Municipal; y de María Isabel García Ramos, Tesorera Municipal.

Con la escritura en mano de sus casas y terrenos, 257 personas como Paula Castañeda Reyes, habitante de Valle del Paraíso, hoy ven su patrimonio protegido, pues gracias al esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de Puebla y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) pudieron formalizar legalmente la tenencia de sus viviendas.

Se trató de la segunda entrega de documentos de este tipo en lo que va de la Administración de Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal, y con ello suman 780 familias que tienen certeza jurídica sobre sus predios, ya que desde diciembre del año pasado se ha impulsado este programa de regularización.

Y es que la tranquilidad que brinda la protección legal del patrimonio “es como quitarse una loza de encima”, coincidieron el alcalde y José Alfonso Iracheta Carroll, Director General de INSUS, luego de ratificar que seguirán haciendo equipo para que se realice una tercera entrega de escrituras en próximos meses.

De esta forma se ha avanzado en el reconocimiento legal de más viviendas poblanas; Constitución Mexicana, Minerales de Guadalupe, Arboledas de Amalucan, Playas del Sur y Loma Bonita son sólo algunas de las colonias en las que se está procurando una mejor calidad de vida, pues de acuerdo con María Dolores Cervantes Moctezuma, Regidora Presidenta de la Comisión de Regularización de la Tierra y Bienes Patrimoniales, es acto de justica social que le cambia el rumbo a las familias.

La entrega de estas 257 escrituras contó con la participación de Silvia Tanús Osorio, Secretaria General del Ayuntamiento; Ana Eulogio Aguilar, Representante Regional de INSUS; María Eugenia Hernández Omaña, Responsable de Escrituración de INSUS; Soraya Córdova Morán, Ovidio Celis Córdova, Lluvia Sánchez Hernández, como representantes de Antorcha Campesina; y María del Consuelo Cruz Galindo, Secretaria de Seguridad Ciudadana.   

El Ayuntamiento de Puebla encabezado por Eduardo Rivera Pérez, reafirma su compromiso con la protección y desarrollo integral de las 455 mil 577 niñas, niños y adolescentes que viven en el municipio, es por ello que se realizan trabajos coordinados a través de iniciativas como SIPINNA (Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), en la que los titulares de las diferentes Secretarías Municipales, instituciones externas como Fundación Juconi, así como, las y los jóvenes, mantienen reuniones de trabajo dedicadas a la protección y desarrollo de sus derechos.

Durante la Primera Sesión del SIPINNA 2022 – 2024 se inauguraron las primeras cuatro comisiones que sesionarán con la finalidad de abordar temas de interés como violencia, trabajo infantil, prevención del embarazo y participación ciudadana, que en voz de las niñas, niños y adolescentes miembros del comité, representan problemáticas y desafíos en la protección de sus derechos.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Liliana Ortiz Pérez, recalcó que una de las principales directrices que marca el quehacer de cada gobierno, es darle voz y escuchar las opiniones de los diferentes grupos sociales, en este caso, de la juventud poblana, por lo que agradeció a los titulares de las Secretarías del Gobierno Municipal que conforman el comité de SIPINNA, por el compromiso y trabajo transversal que ayuda a fomentar la participación, autonomía y creatividad; favoreciendo su seguridad, sentido de pertenencia y cultura de paz con su entorno social y familiar.

De la misma forma, reconoció la participación de las y los jóvenes, a quienes invitó a ser portavoces de los temas y las estrategias que se generen en las mesas de trabajo de las diferentes comisiones a las que pertenecen, pues una niña, niño y adolescente bien informado, es difícilmente vulnerado.

La ley general y estatal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece que la instalación de los SIPINNA debe ser en los tres niveles de gobierno, los cuales tienen la encomienda de trabajar de manera transversal y efectiva para generar políticas y acciones públicas, con la participación activa de la sociedad civil, específicamente de las niñas, niños y adolescentes, que garanticen su protección, desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos.