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PÓLITICA

Claudia Rivera en su socavón (electoral)

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Por: Zeus Munive / @eljovenzeus

La alcaldesa de Puebla no pudo reelegirse. Vio pasar en su mente en cosa de segundos desde que ganó la elección en el 2018, rindió protesta en octubre de ese año, comenzó a gobernar y finalmente perdió todo por lo que se había apostado: tres años más asomándose todas las mañanas para ver el zócalo de Puebla desde el balcón de Palacio Municipal.

¿Qué la llevó a esta derrota? Lo primero que hay que señalar es su inexperiencia. Su activismo en Morena más los apoyos que recibió en ese 2018 -incluido el de uno de sus peores enemigos, Gabriel Biestro Medinilla-, con la ola de Andrés Manuel López Obrador.

Cuando recibió su constancia de mayoría, Claudia Rivera Vivanco dejó de apoyar a Miguel Barbosa Huerta, quien peleaba contra Rafael Moreno Valle Rosas porque él estaba seguro de que esa elección del 2018 se la robaron para imponer a Marta Erika Alonso Hidalgo.

Rivera Vivanco le dio la espalda a Barbosa e inmediatamente fue a reunirse con el alcalde saliente Luis Banck Serrato. Además, cuando Alonso Hidalgo rindió protesta como gobernadora, en diciembre del 2018, nadie de Morena asistió al acto en el Auditorio de La Reforma, excepto Claudia. Eso fue tomado por algunos morenistas como un acto de traición.

Una vez que Miguel Barbosa ganó la elección en 2019, se comenzaron a tensar las cosas. Desde que arribó al poder, la alcaldesa poblana inició con una ruptura con los medios de comunicación locales. En parte, con razón, porque algunas empresas informativas le exigían pagos mensuales millonarios y altísimos y en otra parte no, porque no tenía una buena estrategia de comunicación social y eso al final le costó muy caro.

Claudia Rivera llegó con tres personajes con los que iba a gobernar la ciudad: Javier Palou, Liza Aceves y Andrés García Viveros, este último era un ex empleado de Marta Erika Alonso en el DIF estatal y muy cercano a Jorge David Rosas Armijo, ex director de Ciudad Modelo en el morenovallismo.

Desde que comenzó a trabajar en la comuna poblana, García Viveros tomó el control económico y administrativo. Javier Palou intentaba, sin ningún resultado, llevar el rumbo de la ciudad y Liza Aceves era la encargada del cabildo capitalino, pero ella chocaba mucho por las formas y estilos de García Viveros.

Andrés García o Andrés Viveros como todo mundo lo conocía, desde que estudió en la Facultad de economía de la BUAP, era el mejor amigo de Rivera Vivanco. Ambos, incluso, trabajaron juntos en el INEGI y ambos se subieron al caballo de Andrés Manuel López Obrador en 2006 cuando la izquierda mexicana tomó la Avenida Reforma de la Ciudad de México en protesta porque “Felipe Calderón y la mafia del poder les robaron la elección”.

Viveros fue el cerebro de todo. Mandaba en todas las dependencias porque además colocó a personajes clave para manejar y vigilar los recursos públicos del ayuntamiento. Él era el amigo, consejero y cómplice de la alcaldesa poblana.

Eso generó muchas divisiones internas desde el 2018 hasta hoy. Claudia Rivera, quizá por su inexperiencia, quizá por su buena fe de confiar en alguien que dicen que sabe manejar muy bien los recursos, se dejó llevar por su principal asesor que provocó la salida de Javier Palou de la jefatura de la Presidencia Municipal.

Rivera vs Barbosa

Como decíamos líneas arriba, desde la campaña del 2018, ni Claudia Rivera ni Miguel Barbosa hicieron match. Nunca pudieron llegar a acuerdos. Rivera Vivanco se confrontó aún más con el gobernador por el tema de seguridad pública.

Hay que recordar que, desde el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, los índices de seguridad pública se incrementaron en todo el estado de Puebla y en la capital al menos cinco grupos de la delincuencia organizada se peleaban la plaza.

Todo ello como consecuencia de la ingobernabilidad que generó que existiera un gobernador por 2 años ocho meses (Antonio Gali Fallad), por la lucha por la gubernatura y porque no había a quien rendirle cuentas. Sin ánimos de acusar a nadie, porque se carece de pruebas, el robo de hidrocarburo en toda la zona norte, mixteca y el centro se incrementó a niveles nunca antes vistos.

Se creó el triángulo rojo, en el que la delincuencia organizada comenzó a operar para robar gasolina de los ductos de PEMEX, con la complacencia de las autoridades municipales, situación que provocó, incluso, hasta un enfrentamiento con el ejército en pleno 2017 por la zona de Tecamachalco y Felipe Ángeles.

En una Puebla, llena de violencia, Claudia Rivera tuvo que asumir el mando y nombró, como la titular de la Seguridad Pública a Lourdes Rosales quien en un inicio se las veía negras, pues el crimen golpeaba a toda la zona conurbada. No tenía distinción entre ricos y pobres, entre fifís y pueblo bueno, en camiones, microbuses y todo tipo de transporte público había asaltos, muertes, asesinatos a quemarropa.

El inicio de Rivera Vivanco fue muy convulso primero porque le dejaron sus antecesores problemas de ambulantaje y segundo por inexperiencia política y administrativa.

Todo ello provocó un distanciamiento más profundo con la administración estatal quien intentó nombrar a una delegada para arreglar todo el conflicto de seguridad en la Angelópolis y que Rivera Vivanco se opuso porque consultó con el entonces Secretario de Seguridad Pública del país, Alfonso Durazo.

Claudia Rivera, por seguir el consejo de Durazo, ahora gobernador elector de Sonora, terminó de romper con la administración estatal. Además, la Auditoría Superior del Estado ya había comenzado a revisar con lupa las acciones de Rivera Vivanco, qué hacía, cómo lo hacía y si justificaba sus ingresos y egresos de manera correcta.

Con los medios tradicionales de comunicación en contra, con el gobernador que ya no la veía como una aliada, con problemas de seguridad, divisiones dentro de la comuna por quién realmente gobernaba la ciudad, Claudia comenzó a cavar un hoyo o se comenzó a construir un socavón.

Llegó la pandemia y todo se detuvo. La presidencia de la República no incentivó al mercado, no se generaron condiciones económicas a favor de los empresarios micro pequeños. Se comenzó a generar un amplio desempleo porque los patrones ya no podían sostener a sus empresas.

Se dejaron de rentar locales para venta, servicios, oficinas y ese tema provocó un gran rechazo a Morena de quienes no actuaban para apoyar a los que se les exige mes con mes pagar impuestos. La polarización entre fifís, chairos, pueblo bueno y clase media se ahondó en varias capitales del país.

En ese momento, Claudia Rivera no destacaba. Se confrontó varias veces con la industria restaurantera y en especial con la líder de Canirac, Olga Méndez porque no supieron llevar una política económica para reestablecer al comercio de los alimentos. En cambio, mientras la mayor parte de los negocios del Centro Histórico permanecían cerrados, los ambulantes sí se instalaron en las principales calles, sin sana distancia, sin protección sanitaria y parecía, porque al menos eso se proyectaba, que era con la complicidad de la comuna.

Claudia Rivera, además, presumía sus relaciones con el CEN de Morena, lugar que hicieron a un lado para la elección de candidatos a diputados locales y federales al gobernador Barbosa. Rivera se alió a Fernando Manzanilla, Édgar Garmendia, Pablo Salazar y Jesús Evangelista, todos ellos adversarios, al interior del partido en el poder, de Miguel Barbosa.

Una vez que llegó noviembre del 2020, Claudia Rivera Vivanco salió de Palacio Municipal, pues ella generó la percepción de que la encerraron y se encerró. Comenzó a dialogar con los directores de los medios de comunicación, inició dos obras con el apoyo de la Sedatu y con la oposición de muchos grupos tanto de gobierno estatal como de Morena. Esas dos obras eran la reconstrucción del mercado de Amalucan y el embellecimiento del zócalo de Puebla.

Arranca la campaña

Al inicio Rivera Vivanco contaba, porque así lo decía su gente cercana, con el apoyo de López Obrador, con el respaldo de Alejandro Armenta Mier y con la estructura de grupos como los Bejarano, Gabriel García Hernández, coordinador nacional de programas de la Presidencia de la República y supuestamente una gran estructura de brigadistas.

Tanto ella como sus operadores cercanos vendían la idea de que tanto Rivera como su principal oponente, Eduardo Rivera Pérez estaban empatados en las preferencias electorales. Varios medios de comunicación locales iniciaron una guerra sucia en contra de la candidata a la alcaldía.

Periódico Central, al término de la contienda electoral reciente, dio a conocer un listado de cuántas notas negativas se publicaron en contra de Rivera Vivanco y cuántas positivas a favor de Rivera Pérez del PRIAN. La diferencia es abismal. La mayor parte de los medios locales, sino es que el 90 por ciento, se apostó por atacar a la alcaldesa, mientras que ensalzaban la figura del panista aliado al PRI.

Rivera Vivanco no quiso ver o sus asesores de campaña no la dejaron observar sin apasionamientos que todo operaba en su contra. Armenta Mier, uno de sus mejores apoyos, la abandonó a mediados del mes de mayo, porque Rivera Vivanco habría incumplido un acuerdo en repartición de secretarías y posiciones en el cabildo angelopolitano.

Rivera entendió tarde el juego del poder. Su activismo la obnubiló y ahora tendrá que terminar su administración y analizar con mucha sobriedad qué fue lo que hizo mal y por qué generó un rechazo muy alto en la ciudadanía.

Ella pagó los platos rotos de Morena, el rechazo a ella también es el rechazo al partido que la llevó al poder. No necesariamente porque Puebla sea panista, ya que ha votado dos veces por la izquierda, más bien es que sus propios grupos le dieron la espalda y se dio un voto de castigo tanto a su administración como a su partido por las omisiones cometidas en pandemia.

Rivera Vivanco, también hay que decirlo, aún no está muerta políticamente hablando, aunque tendrá que pasar por un proceso de luto por la pérdida. En política nadie se muere hasta que están tres metros bajo tierra, aunque este golpe, si es inteligente la ayudará a crecer, pero si le gana la soberbia la mantendrá un rato en el ostracismo.

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PÓLITICA

La primera guerra por el agua es en México

En el norte del país se libra una batalla silenciosa, entre los Yaquis que defienden su territorio, la escases del agua, los cárteles del narco, la violencia, los homicidios y la desidia de un gobierno para poner un alto a lo que ocurre en todo Sonora.

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Escuchamos la palabra guerra e inmediatamente pensamos en Yemen, Mosul o Somalia, la gente se lamenta por las víctimas y firma peticiones, pero hay una guerra que se vive en México y que nadie voltea a ver.

En el norte del país los pueblos Yaquis están viviendo una guerra que puede ser el inicio de algo muy grande. En 2015, la BBC llamó a estas comunidades “los combatientes de la primera guerra por el agua”

Los Yaquis es uno de los grupos étnicos más representativos y aguerridos del norte de México. Sus pueblos se encuentran en una zona caliente por las altas temperaturas que rebasan los 30 grados y por la violencia que atraviesa la región, pues su ubicación es estratégica en el trasiego de drogas.

Los habitantes de los pueblos Cócorit, Loma de Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Rahum y Huirivis, llevan siglos acostumbrados al clima árido, pero actualmente esta atmósfera es más difícil de sobrevivir con la falta de agua y la tasa de homicidios en Sonora que es casi veinte puntos mayor que la media nacional.

Guaymas, Empalme y Cajeme son los tres municipios con la tasa de homicidios más alta del estado y Ciudad Obregón, la cuarta ciudad más peligrosa del mundode acuerdo con el último listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Es un estado inseguro para defender el medio ambiente y según los datos que recabó el Centro Mexicano de Defensa Ambiental, entre 2012 y 2018, fue la segunda entidad en registrar más agresiones a activistas ambientales.

Basta recordar que el 13 de mayo, en medio de las campañas electorales –y a plena luz– asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en Cajeme. Por si fuera poco, durante el mes de junio, asesinaron a dos yaquis defensores del agua: Tomás Rojo Valencia, quien llegó a ser vocero. Y a Luis Urbano Rodríguez, otro defensor, lo asesinaron a balazos al salir del banco en Ciudad Obregón, el 8 de junio.

La violencia en Sonora se manifiesta con especial fuerza en los municipios donde se encuentran los pueblos yaquis y eso ha provocado que líderes de la comunidad, que también son quienes encabezan la defensa del agua y el territorio, reciban amenazas e incluso sean asesinados, lo que aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.

Sonora reporta hasta el 31 de mayo de 2021 un estado de sequía extrema (categoría D3), que se caracteriza por la pérdida de cultivos, un alto riesgo de incendios forestales y un llamado generalizado a restringir el uso del agua. En otras palabras, no es que la violencia provoque la sequía, pero sí merma las defensas de un pueblo que ha pasado la última década bajo la amenaza de perder la poca agua que le queda.

Si el alza de la violencia no tiene que ver con el agua, ¿quién podría tener interés en amedrentar a los yaquis? Los yaquis declinan con amabilidad las entrevistas diciendo que “no son voceros autorizados” o confiesan que les da miedo hablar y motivos, les sobran.

La ruta del narco

Ahora bien, el interés del narcotráfico en esta región no tiene que ver con el agua, pero sí con la geografía. El año pasado, el periodista Bernhard Buntru publicó el reportaje “La ruta del narco” en el regiomontano Código Magenta. Ahí hace un análisis territorial de los sitios donde se concentraban los decomisos y enfrentamientos en distintos estados del país.

 En el caso de Sonora, la Carretera Federal 15 es la joya que los cárteles se disputan, porque va de la Ciudad de México, pasa por todo el Pacífico y llega hasta Nogales, en la frontera con Estados Unidos. Atraviesa los municipios de Empalme, Guaymas y Cajeme y, en este último, cruza Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis.

De acuerdo con el trabajo de Buntru, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, de los 104 narcotúneles asegurados en esta zona entre 2000 y 2018, la mitad estaba en Sonora.

“La Carretera Federal 15 conecta con el puerto de Guaymas, uno de los puntos principales de entrada de droga, junto con el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, explica Buntru en una entrevista concedida a la Revista Gatopardo y añade que “hay decomisos prácticamente mensuales”. Tan sólo el 20 de mayo de 2021 se decomisó media tonelada de metanfetaminas.

La presa privada de Padrés

En 2010 el gobierno de Guillermo Padrés impulsó el acueducto Independencia, de 150 kilómetros de longitud, cuyo propósito es trasladar agua del río Yaqui al río Sonora, para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la capital sonorense.

“Sus promotores principales son los sectores inmobiliario, comercial e industrial de Hermosillo. Los opositores son los agricultores del distrito de riego 041, miembros de la tribu yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua”, escribió José Luis Moreno, profesor del Colegio de Sonora.

Ese mismo año, la falta de agua fue mayor por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora que ocasionó una mina de Grupo México y que afectó directamente al municipio de Hermosillo.

El trasvase de agua del río Yaqui para la capital se volvió esencial. Ese mismo año se descubrió que el gobernador Padrés tenía una presa privada –Rancho Pozo Nuevo– que acaparaba agua, mientras él utilizaba el discurso de la escasez para avanzar con el proyecto del acueducto. En 2015 dinamitaron la presa y también la carrera de Padrés, a quien posteriormente acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador terminaría por entregarse a la justicia a finales de 2016 y seguiría preso hasta febrero de 2019, tras pagar una fianza de cien millones de pesos con la que consiguió la libertad provisional. Padrés continúa con un juicio pendiente por lavado de dinero por once millones de pesos.

Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui

Trinidad Ruiz, encargada de la Unidad Regional de la Dirección General de Culturas Populares en el sur de Sonora ha visto con sus propios ojos las carencias cotidianas de la región. “Recuerdo un día que estaban regando un trigo y se formó un charco y los niños fueron a bañarse. ¡Imagínate! Estaban felices, bañándose en el charco, sin importarles lo que traiga esa agua”.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaboraron un estudio, “Estimación y dispersión de contaminantes en el río Yaqui (Sonora, México); evaluación y riesgos ambientales”, donde señalan que hay concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio en dichas aguas.

El Sol de Hermosillo le dio seguimiento al estudio y entrevistó a la doctora Sofía Garrido Hoyos, que lideró el proyecto. El diario local publicó que el agua de los pozos tiene una alta salinidad por el uso de fertilizantes y que contiene glifosato, un plaguicida que la Organización Mundial de la Salud señala como “probablemente cancerígeno” y que deberá dejar de utilizarse en el campo mexicano, por decreto presidencial, antes del 31 de enero del 2024.

De acuerdo con Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 90% de las tierras de los yaquis se renta a los agricultores. Los medios locales señalan que el precio comercial está entre los cinco y seis mil pesos mensuales por hectárea.

La situación con los agricultores se tensó cuando el presidente López Obrador fue a Vícam a firmar el acuerdo para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en agosto de 2020. Para esto, instruyó que se hiciera un análisis del estado de la posesión de la tierra y “saber quiénes están ocupando la tierra”; un hecho que los agricultores tomaron como una amenaza de expropiación. El decreto de este Plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de ese mismo año. En ese documento se habla de la creación de una comisión que tendrá, entre sus funciones, “investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del pueblo yaqui”.

Se ha llegado a acuerdos como el de la creación del distrito de riego 018, que estará enteramente administrado por el pueblo yaqui, lo que servirá para incentivar que trabajen el campo que les pertenece en lugar de rentar las tierras.

El 15 de junio el presidente y el gobernador electo Alfonso Durazo se reunieron en Palacio Nacional. En las publicaciones de la prensa se dio a conocer que el tema central de las conversaciones con el futuro gobernador de Sonora fue la implementación del Plan, una prioridad para el presidente, pero no necesariamente para Durazo: en las más de mil páginas de su libro Sonora: propuestas para su transformación, que utilizó como plataforma electoral, sólo una vez hace mención al Plan de Justicia y se refiere a él como un asunto federal.

Aunque este esfuerzo federal es una esperanza para reducir las amenazas que hoy asedian al pueblo yaqui, el contexto no da tregua. La inseguridad sigue a tope, así como los efectos del cambio climático. La plaza sigue tan caliente que esperar a que el Plan de Justicia se pueda implementar es un privilegio del que pocos gozan.

En medio de todas estas ausencias –de agua, de seguridad, de Estado– sólo les queda lo dicho en el juramento que toman los oficiales yaquis cuando tienen su cambio de gobierno: “El cumplimiento del deber en el puesto que se te designe, allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres”.

El mandato divino de resistir la sed, las balas y lo que venga.

Con información de Gatopardo

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¿En dónde entregas, neni? Las mujeres son bien chingonas

El sexo femenino vio a la pandemia como una gran oportunidad. Gracias a sus emprendimiento, la economía no se paró y se crearon diversas fuentes de ingresos.

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Algunos comportamientos machistas han llevado a burlarse de las micro empresarias y las han llamado despectivamente: nenis. Sí, a esas mujeres que se autoemplearon al vender diferentes productos a través de las redes.

Se trata de aquellas mujeres que debido a la pandemia perdieron su trabajo en una empresa, que se quedaron al cuidado de sus hijos, pues el papá decidió “ir por los cigarros y hasta ahora no ha vuelto”. Mujeres que ante la crisis laboral apoyan también al marido desempleado o algunas que no quieren depender de sus parejas.

Lamentablemente en México a las mujeres que deciden buscar alternativas laborales se les ve como si su esfuerzo valiera menos. Esta apreciación deriva principalmente del machismo y de los prejuicios de otras mujeres. Antes les llamaban “luchonas” y se les veía mal por los hombres porque era símbolo de una mujer que fungía el papel de mamá y papá, a la vez.

El sexo femenino vio a la pandemia como una gran oportunidad. Gracias a su iniciativa, la economía no se paró y se crearon diversas fuentes de ingresos. Frases como “¿En dónde entregas, neni?” y “Hoy cierro pedido, neni” se viralizaron en redes sociales. Muchas decidieron usar las plataformas digitales como principal herramienta para impulsar sus negocios. Ante las burlas generadas en redes sociales, las mujeres emprendedoras se apropiaron del término y le dieron un resignificado: Nueva Emprendedora de Negocios por Internet (Neni).

Más trabajo, pero menos empleo pagado

Cuando en México se declaró la emergencia sanitaria aumentaron las labores domésticas y carga de cuidados de los menores, adultos mayores o personas con discapacidad. Las mujeres pasaron de 20 horas de trabajo a la semana a 50, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En nuestro país, la carga de cuidados y las labores domésticas no remuneradas equivalen a 5.6 billones de pesos, lo que representa el 22.8% del PIB nacional. A esto se suma la brecha salarial entre hombres y mujeres: en el cuarto trimestre de 2020, los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral mensual de 4,633, y las mujeres de 3,777 pesos, según Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Inegi en enero de este año, indica que, hasta diciembre de 2020, nueve de cada 10 personas desempleadas son mujeres, quienes de hecho tuvieron una mayor incursión al mercado informal.

Fernanda Salazar Mejía, integrante de la Red de Politólogas y especialista en igualdad de género, explica que en el sistema económico en el que estamos, las mujeres y los grupos sociales más marginados son “reservas de fuerza laboral”; es decir, cuando el sistema económico las requiere son contratadas, pero se les paga menos, les dan menos beneficios y tienen menos oportunidad de crecimiento. Y cuando el sistema económico sufre crisis, esas “reservas” son las primeras en ser expulsadas.

El peligro de ser neni

La politóloga Fernanda Salazar destaca que es sabido que las mujeres tienen muchas más habilidades para desarrollar redes de conexión y comunidad, lo que les facilita llegar a más personas.

Pero, así como han logrado tejer estas redes de conexión y obtener ingresos, se enfrentan a riesgos a la salud y a su integridad, pues al no ser Amazon o grandes tiendas con entregas a domicilio, las emprendedoras se comunican a través de WhatsApp o redes sociales para concretar lugar, hora y fecha de entrega, muchas veces con clientes desconocidos.

En los primeros meses del confinamiento, mujeres que acordaban en una estación de Metro o Metrobús en la Ciudad de México para realizar las entregas, fueron tratadas, según sus propias denuncias, como delincuentes por policías que las obligaban a salir de las instalaciones bajo amenaza de llevarlas al ministerio público.

Pero son actividades de alto riesgo, catalogadas así por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en primer lugar, porque no cuentan con ningún derecho laboral ni seguridad social, y en segundo, porque son las más lastimadas por la crisis de salud y económica”, dice en entrevista.

Estas visitas para entregas son un factor de riesgo en términos de salud porque pueden contagiarse de COVID-19, y recordemos que son mujeres que no tienen seguridad social.

Con información de: Expansión

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Atrás quedaron las “horas nalga” en la oficina

El 12 de enero de 2021 en México entraron en vigor las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo o home office.

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Antes de la pandemia, algunos de tus conocidos ya hacían homeoffice y tal vez te provocaba un poco de envidia estar en la comodidad del hogar realizando tus labores. Ahora que todos pudimos vivir la experiencia, ¿Cómo te fue?, ¿Pudiste realizar tu trabajo con calma?

Para algunos “Godínez” que estaban acostumbrados a la “hora nalga”, la dinámica resultó frustrante, pues el tiempo que se mantenían en conexión era dedicado específicamente para realizar actividades de la empresa. Atrás quedaron las visitas al cubículo de junto, el break para salir a fumar un “cigarrito”, la partida del pastel del cumpleañero y la hora de comida, que a veces se volvían dos.

La pandemia obligó a mucha gente a improvisar áreas de trabajo en casa, a comprar un escritorio y en algunos casos, una nueva laptop y paquetes de internet más costosos.

A más de un año de este cambio tan radical, parece que el homeoffice llegó para quedarse. Según una encuesta global hecha por Steelcase a 32 mil personas en 10 países indicó que más del 50% espera seguir trabajando desde casa por lo menos un día a la semana y que para muchas empresas el trabajo híbrido se convertirá en la norma después de que se levanten las restricciones de seguridad.

Empresas como Software DELSOL, situada en Mengíbar, se convirtió en enero en la primera de España en implantar la jornada laboral de cuatro días y casi un año después no solo ha continuado su crecimiento, a pesar de la pandemia, sino que ha aumentado la plantilla y mejorado las condiciones laborales de sus trabajadores.

Juan Antonio Mallenco, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en Software DELSOL, explicó que el balance después de un año es positivo, y no solo han conseguido sus objetivos creciendo como empresa, sino que han reducido el absentismo laboral y ha aumentado el orgullo de pertenencia a la empresa, al igual que la captación de talentos.

En México, 6 de cada 10 empresas seguirán con el homeoffice, por tal razón el 12 de enero de 2021 entraron en vigor las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo o home office y las obligaciones que tanto empleadores como trabajadores deberán cumplir.

Cabe destacar que las disposiciones son para aquellas relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por ellas.

Foto: Cortesía.

Entre las nuevas obligaciones para las empresas se encuentran:

  • Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Por ejemplo: el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.
  • Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas.
  • Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.
  • Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras.
  • Respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral e inscribirlas al régimen obligatorio de la seguridad social
  • Promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación y seguridad social
  • Se deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras

Mientras que las responsabilidades de las y los trabajadores son:

Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón.

Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados del teletrabajo.

Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento.

Con información de www.gob.mx

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