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La burocracia paraliza dos proyectos universitarios que han desarrollado ventiladores para la covid-19

El País | Georgina Zerega

La pandemia provocó una avalancha de mensajes en la cuenta de correo electrónico del neumólogo Uriel Chavarría. Se trataba de decenas de propuestas para fabricar ventiladores. Era mediados de febrero y el coronavirus ya afectaba a gran escala a países europeos y asiáticos. Todos ponían el ojo en lo mismo: la carencia de máquinas para asistir en la respiración a los pacientes más graves. Chavarría, un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se dedica a dar cursos de ventilación en todo México, sabía que el sistema sanitario de su país tendría que hacer frente a la covid-19 con una escasez de ventiladores que era crónica mucho antes de que el mundo conociera el SARS-CoV-2. Por eso, se tomó el tiempo de revisar las propuestas y se volcó por apoyar una. Tres meses después y pese a haber producido un equipo alabado por varios profesionales del área, el proyecto ha quedado enterrado en la burocracia del Gobierno a la espera una certificación.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso mucho énfasis en celebrar la compra de ventiladores en el exterior, unos 2.500 según Presidencia. Este mismo viernes la Cancillería aplaudió la llegada a México de un millar de estas máquinas pagadas por empresas privadas. Puertas adentro, sin embargo, el Ejecutivo se ha vuelto más un obstáculo para los equipos desarrollados en el país que una allanadora del camino. Al menos para los fabricados por fuera del radar de la Administración, es decir, los proyectos que no fueron escoltados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su directora, María Elena Álvarez-Buylla, una científica muy cercana al presidente.

El caso del ventilador de Chavarría no es el único. La ciencia mexicana llevaba desde febrero preparándose para atender la pandemia. Muchos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abandonaron sus tareas para desarrollar proyectos que pudieran alivianar al sistema de salud. Gustavo Medina Tanco, investigador del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM, fue uno de ellos. Este científico argentino trabajaba en un programa para enviar robots a la luna en 2021, cuando decidió poner su rutina en pausa para empezar a fabricar unos ventiladores “portátiles y de bajo costo” que pudieran ser usados en las regiones más pobres de México. Su prototipo, del que participaron las Facultades de Medicina y Veterinaria, también quedó paralizado por decisiones más políticas que científicas.

El órgano que regula las certificaciones de equipos médicos en México es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Un ente autónomo, formado por especialistas, que establece los requisitos para que un dispositivo pueda entrar al mercado. Antes de la pandemia, el Conacyt no tenía nada que ver con ventiladores, ni con certificaciones. Esas eran tareas de la Cofepris. Pero el pasado 9 de mayo, los dos órganos publicaron en conjunto una serie de pautas a cumplir para poder fabricar los ventiladores que se usaran contra la covid-19. Unos lineamientos que los especialistas califican de “imposibles de cumplir” y que de hacerlo, alertan, llegarán tarde para atender las necesidades que traiga la pandemia.

“Los requisitos que ponen puede ser válidos, pero no prácticos”, reclama Chavarría. “Piden cosas que no son estrictamente indispensables”. El prototipo que desarrolló junto a la empresa Kronos lleva tres semanas listo, sin una respuesta oficial sobre si podrán o no fabricarlo. “Cofepris ha puesto una barrera muy alta y hay que hacer un balance entre poner la vara alta y tener el recurso por si es necesario. Esto sigue siendo un ventilador de emergencia y el tiempo es crucial”, agrega.

Gerardo González, subdirector de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), es parte del proyecto de Chavarría. En las últimas dos décadas, ha certificado junto a su institución más de 220.000 propuestas ante Cofepris. Ahora sostiene que es “extraordinariamente extraño” que Conacyt participe de la certificación y señala que nunca había visto algo así. “Cofepris debe apoyarse en expertos y no en instituciones, porque ninguna institución es dueña del saber”, comenta.

Un equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León desarrolla un ventilador junto a una empresa mexicana.
Un equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León desarrolla un ventilador junto a una empresa mexicana.

González presentó el trámite para certificar el ventilador sin cumplir con todos los requisitos pedidos por los dos órganos, asegura, porque están planteados desde la desinformación y exigen pruebas sin fundamentos que lo único que hacen es “engordar la tramitación”. Una de ellas es la de probar el prototipo en seis cerdos y comparar los resultados con otros seis cerdos con ventiladores comerciales. Este tipo de pruebas, explica, no son obligatorias en la mayoría de los países y toman mucho tiempo. “Ojalá no se nos pase el momento para responder a las necesidades del país. Si aumentan los casos y se superan las capacidades actuales estaremos fuera de control. Para cuando tengamos los ventiladores se nos habrán ido los invitados”, sentencia.

Otro de los puntos más criticados es que el propio Conacyt se comprometió a tener listos 700 ventiladores para el 15 de mayo -algo que no sucedió-. De los cuales, al menos 200 son “muy rudimentarios”, dice el neumólogo Tomás Pulido, jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología. Unos equipos que “pueden dañar el pulmón” de los pacientes con covid-19, porque su diseño básico no permite regular variables como el volumen de aire o la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones. Esos respiradores tampoco cumplirían los requisitos establecidos por el propio Gobierno, asegura Chavarría. “Seguramente a ellos no se los exigieron. Que comparen nuestro equipo con los suyos. Si tuvieran una opinión técnica, no podrían dejarnos fuera”.

Los requerimientos oficiales también podrían echar por tierra el trabajo de los científicos de la UNAM, que ya evalúan abandonar el proyecto. Pese a tener acuerdos con tres empresas para empezar a fabricarlos, las pruebas exigidas podrían llevarles tanto tiempo que perdería sentido. “Hemos hecho un gran esfuerzo para atender las recomendaciones”, dice Medina Tanco. “Pero hay una especie de colonialismo intelectual en el que se sigue esperando que las soluciones vengan de afuera”.

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Escrito por Staff 360

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